lunes, 18 de mayo de 2009

La Víctima

Cobra cada vez mayor fuerza en nuestro país, la idea de crear una Defensoría de las Víctimas, pues como es sabido en nuestro nuevo sistema penal, el Ministerio Público representa los intereses de la sociedad toda y no necesariamente su política persecutoria esta orientada a la satisfacción de las pretensiones de las víctimas afectadas por los actos delictivos.

Sin embargo, el tema es abordado por muchos de manera ideológica y electoral, y por otros con inexplicables desconfianzas. Ciertamente no se ha abordado el tema de la manera correcta. Persiste la ignorancia de sostener que los derechos de las víctimas se contraponen a los derechos de los imputados y de los condenados. Nada más errado.

Los Derechos Fundamentales son en su esencia no sólo cohabitables entre sí, sino que además no se superponen a otros ni con otros. En este caso no ocurre lo mismo que el derecho a la vida íntima y la honra con la libertad de expresión y de acceso a la información.

Entendido lo anterior, resulta claro que es perfectamente adecuado, y por supuesto necesario, la elaboración de nuevas y mejores instituciones al sistema de enjuiciamiento criminal chileno. Comprender esto es de suma importancia. Cuando los usuarios del sistema perciben una preocupación objetiva de sus carencias y que éstas son satisfechas por la autoridad competente, se hace un uso adecuado de los mecanismos jurisdiccionales. La razón es sencilla. La sociedad civil al ver la preocupación y respuesta de los órganos del Estado a sus requerimientos, legitima tácitamente la actuación de los agentes penales.

No obstante, de estar contestes con lo expuesto, se precisa ver el modo de aplicar el proyecto. Responder si serán todas las víctimas o sólo las de delitos violentos; analizar si se imitará la fórmula de la Defensoría Penal Pública y se establecen aranceles según los recursos económicos de las víctimas; la coordinación con el Ministerio Público; regular sus facultades, pues la Defensoría Penal Pública ya es débil en cuanto a sus atribuciones; etc.

Otro campo de propuesta está en la indemnización a la víctima. Esta es más controvertida. Su fundamento está en la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de sus habitantes, como también en la omisión de socializar correctamente a todos los miembros de la comunidad y de asegurar su acceso a todas las oportunidades que ofrece la sociedad o de darles tales oportunidades. Hasta allí no hay mucho que disentir aparentemente.

Probablemente la discusión es poco popular. No todas las víctimas son iguales. Esto desde el punto de vista de su responsabilidad. No es lo mismo una familia que encerrada en su casa es sorprendida violentamente por sujetos que forzaron la seguridad del hogar, que un sujeto agresivo por motivos de fanatismo deportivo, va hacia la parcialidad del otro equipo y les enrostra su actuación insultándolos en un clásico de alta convocatoria y riesgo. Éste último puede evitar ataques en contra de su persona simplemente quedándose en su banca y no provocando al aficionado del equipo contrario. En victimología se suele clasificar tipos de víctimas, empero en el debate público es impensable. Pero si se cavila un poco más el tema, se pueden lograr ciertos consensos. Sólo a modo de ejemplo, es un dato de la causa que existen delitos asociados a la ingesta excesiva de alcohol, por lo que resulta sensata la noción de formar un fondo provisto de los impuestos de tales bebidas.

Ahora bien, la mejor solución al problema de la víctima es que ésta no exista. Por eso se debe no solo educar a la ciudadanía a no exponerse, sino que además hay que seguir trabajando en políticas públicas que permitan cerrar el flujo de nuevos infractores, y de los que ya están delinquiendo, sacarlos de carrera e insertarlos a la sociedad, por medio de planes eficientes y respetuosos de la dignidad del ser humano
Walters Lazcano Pavez

viernes, 1 de mayo de 2009

Crimen Organizado: La mafia colombiana 1

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Crimen Organizado - La Mafia Colombiana

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Hacinamiento Carcelario

En la prensa nacional fue noticia obligatoria. Muerte en Colina 2 tituló un periódico nacional. Hubo reflexiones y reportajes que acusaron la triste realidad que se vive al interior de las cárceles. Unos se conmovieron y otros simplemente fueron indiferentes.

Pero la pregunta obvia es ¿Se pudo evitar?. La respuesta no quizás mas objetiva, pero si más necesaria era la afirmativa. ¿Pero cómo?. Evitando el hacinamiento.

La sobrepoblación carcelaria no sólo denuncia que en Chile se encarcela con facilidad, también evidencia la falta de espacios de reclusión digna, la baja cantidad de funcionarios, la debilidad de las salidas alternativas y la visión electoral del tema de la seguridad ciudadana.

Hoy en día, es vital construir unidades penales para permitir un cumplimiento en condiciones humanas de la condena, que tiendan a la reinserción, rehabilitación y resocialización de los internos. Cárceles sobre-pobladas son ineficientes e ineficaces para lograr estos objetivos.

Entendido lo anterior, se devela la falta de coordinación de las políticas públicas vinculadas a la seguridad ciudadana. Si en Chile se optó por un modelo acusatorio que incrementa la cantidad de reclusos, lo óptimo era contar con más establecimientos penitenciarios capaces de resistir su pronta ocupación.

Era necesario además, invertir en la contratación de más personal gendarme y elevar la planta técnico-profesional, capacitar al personal a cargo y desde ya mejorar sus condiciones laborales.

Con todo, la creación de programas de trabajo intramuros debe incluir planes de esparcimiento y salud física y sobre todo mental, de quienes cohabitan en las dependencias producto de sus funciones gendarmes o técnico-profesionales.
Walters Lazcano Pavez